Los representantes de distintas asociaciones del país quieren alertar a toda la comunidad
argentina, y en especial a la de Santa Fe, la existencia de “una situación de gravedad
institucional” que afecta el normal desenvolvimiento de los órganos republicanos de gobierno
de esa provincia. Para decirlo claramente, está en riesgo la independencia del Poder Judicial
santafesino.
En efecto, todo el sistema de la justicia provincial se encuentra bajo constantes presiones por
parte del poder político, con declaraciones mediáticas de funcionarios que tergiversan los
hechos existe una verdadera campaña para generar un contexto de desacreditación de la tarea
judicial.
Este ataque a la independencia judicial, se viene evidenciando hace años, no solo en la forma
de selección y estabilidad de los operadores judiciales; sino también en la falta de provisión de
recursos para un desempeño eficaz y sobre todo con la aplicación de un régimen disciplinario
bajo la órbita de la legislatura provincial, que aparece como amenazante para cualquier
investigación en contra de los delitos de corrupción.
Recientemente, esta situación se viene profundizando, con denuncias maliciosas y sanciones
exageradas a fiscales que tenían a cargo investigaciones que incomodaban al poder, se han
rechazado o retirado injustificadamente casi todos los pliegos de jueces y fiscales que habían
aprobado el concurso respectivo, se diseñó un nuevo modo de elección, donde no se prioriza el
mérito sino la discrecionalidad política. Se ha generado una parálisis administrativa que afecta
al sistema de justicia, se ha propiciado un ahogo presupuestario y, simultáneamente, se vienen
produciendo declaraciones de funcionarios de tono agresivo hacia magistrados/as que dictan
pronunciamientos que no conforman los deseos del oficialismo.
En cuanto a la cobertura de vacantes, es preocupante que se llame a concursos para designar
fiscales “provisorios”, que solo serán ratificados con una posterior “revisión de su
comportamiento funcional”. En este sentido, representantes del gobierno, llegaron a
exteriorizar públicamente que la estabilidad de esos magistrados depende que “se porten
bien”, lo que pone en riesgo la imparcialidad de la gestión de los procesos, ante el temor de ser
sustituidos.
En ese marco, muchos jueces y fiscales optaron por la jubilación masiva y otros empiezan a
emigrar ante la incertidumbre sobre su estabilidad, lo que produce un vaciamiento de probos
magistrados, que se enfrentaron al delito, poniendo en riesgo su integridad física y la de sus
familias, y lograron que los líderes de las bandas de narcotraficantes sean condenados.
Los distintos estamentos que componemos el Poder Judicial tenemos una enorme
responsabilidad hacia la ciudadanía. Somos plenamente conscientes de ello y tenemos un
compromiso absoluto asumido desde lo personal y desde lo institucional en ese sentido.
Hemos dado pruebas sobradas al respecto.
Por todo ello, exhortamos a una prudencia especial en el actuar de las autoridades políticas de
la Provincia de Santa Fe, de modo tal de evitar cualquier riesgo para los principios republicanos,
poniéndonos a disposición para que, de manera mancomunada, se estudien y coordinen
acciones que redunden en el mejoramiento del servicio de justicia. No obstante ello, de
persistir las presiones intolerables a la función judicial, se hace saber que se analizará que los
reclamos de los afectados sean denunciados ante los organismos nacionales e internacionales
pertinentes.
Sin independencia del Poder Judicial, no hay justicia.
