Las reformas legislativas realizadas en los últimos tiempos en nuestra provincia como así también algunos proyectos recientemente ingresados, con un impacto directo en la estructura, funcionamiento y autonomía del Poder Judicial, son apenas parte de un propósito trazado, que nuestra Asociación ha venido cuestionando -mediante manifestaciones públicas y acciones judiciales- en forma sostenida y consecuente.
Ese propósito consiste en la desacreditación continua de nuestro trabajo, en el desmerecimiento de nuestras aptitudes profesionales, en el vaciamiento de los recursos mínimos necesarios para cumplir con el servicio de justicia, a los fines de lograr su cooptación y sometimiento, liso y llano, al poder político del estado.
Este camino que comenzó en el momento en el que sin motivos ni argumentos atendibles se modificó el régimen disciplinario de los miembros del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa, para dejarlo librado al arbitrio político sin mesura, prosiguió con el debilitamiento del régimen de nombramientos por concurso, instaurando un sistema lábil, que desdibujó los indicadores que permitían determinar la mentada idoneidad que exige la Constitución. Nuestra Asociación jamás claudicó en la defensa de la institucionalidad y la independencia de nuestra función, claramente avasallada a través de estas reformas que han sabido trascender gobiernos y posturas partidarias.
En los últimos meses, el sometimiento de la función judicial a los demás poderes del estado se tornó descarado, socavando funciones propias de las y los fiscales, interfiriendo sin motivo en cuestiones de organización, distribución de trabajo, jefaturas, competencias, vacaciones y descansos, interpretación de leyes procesales, y otras cuestiones propias del funcionamiento de las instituciones del servicio de justicia, eliminando de los sistemas de nombramiento, disciplinamiento y remoción, cualquier herramienta que permita la ponderación de las capacidades, experiencia y esfuerzos de quienes ejercen un cargo público y por supuesto, afectando el salario de los operadores y la previsibilidad de sus ingresos.
Las y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación somos funcionarios de extensa trayectoria, capacitación y formación. Por la naturaleza misma de nuestro trabajo, nuestra dedicación es exclusiva. En cumplimiento de los principios de presencialidad e inmediación, no estamos ceñidos a horarios, no estamos divididos en turnos matutinos y vespertinos, asistimos a audiencias fijadas desde las 8 de la mañana hasta largas horas de la tarde, incluyendo los fines de semana. Estamos de turno, por supuesto, en horarios nocturnos y en días no hábiles. Acompañamos a las víctimas y llevamos a nuestros hogares sus reclamos y sus necesidades. Hemos sido amenazados en innumerables oportunidades por nuestro compromiso en la persecución de la criminalidad organizada y altamente lesiva.
Hemos lidiado con la escasez de recursos físicos y humanos desde el comienzo del Sistema Acusatorio. Nuestras familias y nuestro entorno social, como cualquier otra institución que haya tenido contacto con nuestro trabajo, puede dar plena fe de lo que estamos diciendo.
Nuestra verdadera preocupación no es novedosa, es la que venimos sosteniendo hace años. No tiene que ver exclusivamente con sueldos y retenciones, sino con la forma en la que se pone en valor nuestro trabajo, y por consiguiente, la confianza de la sociedad en la justicia.
Es nuestra insustituible vocación de servir a un sistema de enjuiciamiento penal la que permanentemente es atacada y menoscaba generando un daño que quizás ahora no pueda apreciarse pero que en un futuro resultará gravoso e irreparable.
La justicia sin independencia, es obediencia. Nada más ajeno a un sistema Republicano de Gobierno. Para obedecer, la justicia debe sacarse la venda de los ojos, y es en ese preciso momento en que deja de ser justicia.
Comisión Directiva Asociación de Fiscales 3 de octubre de 2024