Celebramos el decisorio de la Cámara de Casación de Entre Ríos por el cual se dispuso la prisión preventiva del ex Gobernador Urribarri.
Una vez más, reivindicamos la inobjetable labor funcional de la entonces procuradora adjunta Fiscal Cecilia Goyeneche quien fue removida de su cargo por llevar adelante en forma eficiente la investigación por delitos de corrupción contra el gobernador. Entendemos que una resolución de la CSJN que restituya a nuestra colega a su cargo sería propia para restablecer el gran daño institucional ocasionado y las absurdas e injustas acusaciones que pesaron sobre ella.
Tanto el sistema de selección como de remoción de las y los funcionarios judiciales siguen siendo dos piezas claves que determinan con claridad el posicionamiento de los órganos políticos del estado frente a la independencia del sistema de justicia. Ambos sistemas no pueden escapar a procesos transparentes, con garantías de objetividad y parámetros mínimos de idoneidad.