¿A quiénes representan, o mejor aún, los intereses de quiénes representan?
Es claro que no son los intereses de la sociedad, a la mayoría de los legisladores de la Provincia de Santa Fe no les interesa el esfuerzo realizado a lo largo de casi dos años de concurso por postulantes formados y calificados. No les interesa afectar la persecución de los delitos y por consiguiente a las víctimas.
No les interesa que la ciudad con mayor conflictividad de la Argentina tenga que enfrentar el servicio de justicia con una estructura raquítica, que en el sur de la Provincia de Santa Fe no se hayan sumado nuevos fiscales, así como en la mayor parte de la Provincia, son los ciudadanos los que seguirán sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones.
Deciden dejar prácticamente con los mismos recursos al MPA, con una estructura que ya no puede sumar más causas y con un cinismo inimaginable mencionan que quieren “ordenar los recursos de la Provincia”, cuando hace unos años, un par de fiscales comenzaron una investigación sobre la utilización discrecional de los fondos en el senado, en ésa oportunidad en lugar de preocuparse por los “recursos públicos”, decidieron disciplinarlos por atreverse a investigarlos.
Desde entonces los legisladores de la provincia de Santa Fe se han arrogado el poder disciplinario sobre las y los fiscales, se los ha sometido a través de una ley aprobada entre gallos y medianoche al control político sobre su actuación. En un intento de destruir la independencia del poder judicial sometiéndolo al poder legislativo.
Hemos asistido a burdas representaciones de supuesto control de irregularidades, procedimientos mediante los cuales se han suspendido fiscales por el clamor público, se los ha privado durante meses de su sustento económico y el de su familia, fiscales que habían actuado conforme a la ley, siendo controlados sus actos por jueces con trayectoria en su carrera, que decidieron avalar el pedido fiscal.
No obstante, no son las cualidades técnicas de las/los fiscales las que se toman en consideración por parte de nuestros legisladores/as en los procesos de selección y en estas parodias de enjuiciamiento, sino que en una doble finalidad, por un lado se castiga la aplicación de la ley cuando esta no responde a las expectativas siempre fluctuantes de una sociedad con múltiples conflictividades, y en ése castigo arbitrario y sin reglas claras se les hace saber a las y los fiscales quién detenta el verdadero poder, quién o quiénes tienen en sus manos la posibilidad de destruir
carreras arduamente construidas mediante el esfuerzo de años, o quienes pueden dejarlos por meses sin sustento económico, o directamente sin trabajo.
Basta una denuncia, de cualquiera, una discrepancia, un error, para tener al acusador, acusado y humillado públicamente, mientras las y los fiscales tienen que asumir una carga de trabajo ya inmanejable, por la decisión mezquina de un sector político.
El MPA cuenta con recursos mínimos, un fiscal debe darse por satisfecho si logra tener dos empleados/as para que lo asistan, y a pesar de esos escuálidos recursos, cada fiscal es y será responsable de la más mínima falta, será juzgado a la luz pública hasta por actuar conforme lo indica la ley y con control judicial si resulta políticamente oportuno, o si el clamor social así lo indica según el caso.
Hoy asistimos a otra burda representación en la que ni siquiera cubren los cargos, ya insuficientes, en el Ministerio de la Acusación, y desconocen hasta el hecho de que no se están creando cargos nuevos sino cubriendo vacantes.
Por eso preguntamos, a quienes se arrogan la representación del pueblo, a quiénes están representando realmente, qué están tratando de lograr, primero con éste régimen disciplinario diseñado para la más absoluta arbitrariedad votado por unanimidad y ahora dejando sin recursos suficientes a la fiscalía.
La verdad es sólo una, tienen miedo de ser investigados, de rendir cuentas de adónde va realmente el dinero público. Y sería bueno que los ciudadanos tengan claro que la independencia del poder judicial es la última garantía del ciudadano de a pie para protegerse de quienes detentan el verdadero poder.
Por eso preguntamos: ¿A quiénes representan?
Comisión Directiva Asociación de Fiscales y Funcionaries del MPA